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Mensaje  Abogado Ramirez el Mar 9 Feb 2010 - 15:21

EL DESAFÍO DE SER ABOGADO EN ÉSTA ÉPOCA



La concepción tradicional de las actividades inherentes a la profesión del abogado resulta hoy insuficiente para dar soluciones efectivas a la problemática social con que nos enfrentamos.

Esa vieja tradición occidental engendrada bajo el sistema republicano de las sociedades griega y romana, anteriores a nuestra era, que se limitaba a la asesoría, representación y defensa de los intereses particulares ante los tribunales, ha venido trasformándose hasta nuestros días para tomar un importante papel como factor de integración social a favor de los intereses colectivos.

Bajo la óptica de las profesiones jurídicas, y especialmente la abogacía, el siglo veinte seguramente será recordado como verdadero parteaguas. Los cambios operados en la participación de la dinámica social desarrollada por el abogado, dado el indiscutible papel que está desempeñando en el modelamiento de la futura sociedad internacional del próximo siglo, nos ayuda a percibir cuáles son los retos a que nos hemos de enfrentar los abogados, tanto individual como colectivamente.

Frente a los desafíos que plantea la sociedad de fin de milenio, nuestra práctica profesional ha servido para colocar las bases de lo que se perfila como el derecho del siglo veintiuno: un sistema jurídico-normativo cuyo núcleo aglutine y unifique a las distintas tradiciones legales del mundo contemporáneo. Esta tarea desde luego que no resulta fácil, porque sin duda de este encuentro o choque de culturas jurídicas, necesariamente surgirá el problema de saber cuál cultura de ellas tendrá la capacidad de unificación para construir el nuevo derecho globalizado.

Como podemos observar, el camino que ahora recorre la abogacía en ningún otro momento de su historia se había enfrentado con el terreno desconocido de nuevas relaciones económicas, políticas y jurídicas de nuestro tiempo, que finalmente perderán su carácter nacionalista.

No obstante lo anterior, la trascendencia jurídica de esta centuria puede compararse con el salto que supuso el siglo doce, etapa en que se conforma lo que actualmente conocemos como sistema jurídico occidental.

Hace ocho siglos el derecho entró a formar parte esencial de los currícula de las primeras universidades, cuya enseñanza se impartía a la manera de los glosadores y comentadores, en donde se fraguan las instituciones y categorías jurídicas que por más de ochocientos años han permeado al mundo, y nuestra época, plena de contradicciones como cualquier otra, se caracteriza por el grado de perfeccionamiento que las realidades sociales han impreso al derecho de la modernidad finisecular.

Y si hace tantos siglos correspondió a la academia la enorme tarea de configurar y estructurar el derecho que por más de ocho centurias regularía y conduciría las relaciones humanas de la mayor parte del mundo, los postreros momentos de este siglo ven cómo la abogacía incide de manera directa en la trasformación y dinámica del derecho que enmarcará las relaciones sociales, económicas y políticas de la humanidad futura.

Aun cuando las consideraciones que haré se refieren a la práctica profesional de la abogacía en un sentido general, tienen evidente aplicación al contexto particular en México, en donde los abogados enfrentamos, quizá con mayor desventaja que los abogados de otras naciones, el mismo conjunto de problemas.

Desafíos
profesionales

A partir de la década de los cincuenta, pero con mayor énfasis en los últimos veinte años, el mundo se encuentra experimentando una verdadera revolución científica, tecnológica, política y desde luego jurídica, que impacta todos los ámbitos del quehacer humano.

La revolución tecnológica operada en las fuerzas productivas, y particularmente en los instrumentos de producción, permite que se genere mayor riqueza con la inversión de mucha menos fuerza de trabajo, fenómeno que, bajo el régimen económico-político en que vivimos, constituye el principal enemigo de la gran masa global, puesto que las células de producción de bienes y servicios que antes requerían, por decir algo, de cien trabajadores para lograr su objetivo, hoy, con la implementación de la robótica e informática, solamente requieren de diez para producir el doble, lanzando a los noventa restantes al desempleo, la marginación y la miseria.

Pero lo más grave es que al exterminarse la capacidad adquisitiva de dicha masa desplazada, aquella descomunal producción de bienes y servicios no puede ser integrada al mercado de consumo, trayendo consigo el aniquilamiento de las unidades productivas.

Pues bien, resulta evidente que la profesión del abogado también está siendo arrasada por el feroz torbellino de la mercadotecnia indiferente. Y es aquí donde reside el verdadero desafío para los abogados.

Nuestra misión consiste en buscar alternativas por encima y en contra del mercado, sobre la base de la construcción y práctica de un nuevo tipo de relaciones sociales de carácter solidario, es decir, provocar que los servicios jurídicos que ofrece la profesión del abogado dejen de ser mercancía para convertirse en verdaderos lazos de fraternidad que precisa la humanidad, con lo que seguramente contribuiremos a la realización de la plena libertad humana.

Si hablamos de revolución tecnológica en este fin de siglo, no debemos olvidar el término que refleja con mayor fidelidad la crisis de los paradigmas modernos: la globalización.

Este concepto fue utilizado en un principio para señalar el fenómeno expansivo de la movilidad de los capitales y de las inversiones como consecuencia de una economía mundial en progresiva apertura. Globalización es hoy en día un término que denota la inevitable e insoslayable interacción entre las distintas unidades político-geográficas en prácticamente cualquier ámbito del quehacer humano.

El derecho y sus operadores también han entrado en esta dinámica interactiva, permitiendo visualizar un conjunto de importantes desafíos que ciertamente exigen al abogado el despliegue de una enorme creatividad para satisfacer las necesidades de un mundo, de una sociedad internacional en constante cambio, en donde la desigualdad es un fenómeno latente.

Un mundo en el que las distancias ya no representan obstáculos para la comunicación y el intercambio de las ideas, donde los acontecimientos se suceden a una velocidad sorprendente con repercusiones no solamente en nivel local o regional, sino global. En este mundo de la información computarizada, los abogados estamos llamados a contribuir en la construcción de una paz verdadera y un orden jurídico continente de la justicia social. Pero aún más, los retos de la globalidad nos obligan a estar a la altura adecuada de la dimensión de la nueva problemática jurídica para regular normativamente una realidad irreversible.

Como vemos, el panorama es difícil. Prácticamente todos los campos del saber y del quehacer humanos han avanzado a tal grado que la sociedad exige respuestas adecuadas por parte del derecho, a fin de que nuestra realidad, tan profundamente trasformada, no destruya nuestras legítimas expectativas de seguridad, certeza, igualdad y justicia. Estos valores son difíciles de alcanzar y constituyen el objetivo último de la abogacía.

En el ámbito jurídico muchos han sido los paradigmas que han surgido. El Estado ha sido uno de ellos. En los primeros momentos de la ilustración renacentista apareció el concepto de Estado, constituyendo la piedra angular de la organización político-social de la humanidad. El Estado, surgido de fuerzas y poderes de naturaleza económica y política, ha visto disminuido su campo de acción.

La constante y creciente expansión de los intercambios comerciales ha propiciado la integración de amplias zonas económicas en las que se busca la producción como factor condicionante del bienestar de las sociedades que se integran.

Si bien tales bloques regionales se conforman en principio bajo la dimensión económica, el ejemplo actual de la Unión Europea demuestra que, a mediano plazo, es posible que se activen los mecanismos de integración social e inclusive política.

De este modo, un mundo que a mediados del siglo veinte se explicaba en términos de bipolaridad, a finales de la centuria difícilmente puede concebirse sin hacer referencia a la multiliberalidad y pluralismo de agentes políticos, económicos y sociales que interactúan con una dinámica realmente vertiginosa.

La intensa actividad desplegada por estos operadores de tan diversos ámbitos ha implicado que los ordenamientos jurídicos nacionales entren a una fase de máxima receptividad.

La creación de nuevas e importantes instituciones jurídicas, que permiten una mayor agilidad y dinamismo en las actividades sociales, económicas y políticas, sirve de aliciente a la permeabilidad de los sistemas jurídicos y modifica, paulatina pero crecientemente, la práctica jurídica en todo el mundo.

En el orden internacional, la consolidación del derecho de gentes se viene efectuando en dos aspectos importantes para la actividad profesional de la abogacía. Por un lado, es preciso señalar la proliferación de instrumentos convencionales multilaterales que inciden en la regulación interna de materias tan diversas como la protección de los derechos humanos, la preservación del medio ambiente, la regulación del reconocimiento y ejecución de actos procesales y la coperación judicial internacional, sin olvidar los tratados de carácter económico que necesariamente repercuten en la práctica jurídica.

Por otro lado, la aparición de nuevas formas de corrupción social y organización criminal a gran escala, así como la expansión de conflictos que inician en términos estrictamente internos pero cuyas consecuencias van más allá de las fronteras, han motivado la cristalización de numerosas prácticas jurídicas de derecho internacional que asumen la forma de instrumentos convencionales que requieren aplicarse e implican motivaciones sustanciales de los derechos internos, a efecto de cumplir con las obligaciones emanadas del orden jurídico.

En ambos casos, el papel del abogado es fundamental para la obtención de los objetivos perseguidos por el proceso de consolidación del derecho internacional globalizado.

El abogado, por virtud de su actividad como asesor legal, consultor jurídico y representante de los intereses particulares y colectivos ante los tribunales, debe conocer los avances en materia de compromisos y obligaciones internacionales, a fin de invocarlos en su ámbito de ejercicio profesional, con el ánimo de proporcionar a sus clientes una adecuada defensa o asesoría.

Entonces no sólo la normatividad jurídica interna es objeto de estudio y aplicación por parte del abogado, sino también la dimensión internacional, tanto de las cuestiones sustantivas como instrumentales.

Ahora bien, es preciso señalar que la dinámica expansiva del campo operativo de nuestra profesión en los distintos niveles de interacción social, acarrea necesariamente un replanteamiento de las relaciones entre la abogacía y otras ramas del quehacer profesional.

En efecto, el incremento de las obligaciones y deberes de la ciudadanía respecto de la organización estatal ha implicado que se empiecen a conformar corporaciones de naturaleza privada de carácter multidisciplinario, que bajo el concepto anglosajón de "todos los servicios en un solo despacho" pretenden garantizar una alta calidad en la prestación de servicios profesionales que requiere el ciudadano de fin de siglo.

Si bien las complejas circunstancias en las que se desarrollan nuestras sociedades implican que el cliente ya no sea visto solamente como mero destinatario de servicios profesionales sino, incluso, como consumidor a quien el profesionista está obligado a prestar sus servicios bajo criterios de gran calidad y honestidad, y que en tal marco se presuma que la asociación de diversos profesionistas satisfaga tales intereses, ello obliga a que nos preocupemos de la limitación que para los abogados significan las corporaciones profesionales multidisciplinarias.

Hay que recordar también que el abogado debe cumplir en todo el ejercicio de su profesión con una serie de exigencias éticas, que ciertamente son las que le distinguen en el plano social de las demás actividades prestadas por profesionistas.

Entre los atributos de los abogados destacan la autonomía y la independencia que requieren todos aquellos que eligen la abogacía como saber y quehacer en relación con otros respetables ámbitos profesionales.

Ahora hablemos un poco de calidad. Es preciso enfatizar que la calidad en la profesión de los servicios jurídicos debe ser buscada en la previsión de adecuados mecanismos de control en el seno de las agrupaciones gremiales, pero también, y fundamentalmente, en la preparación de los abogados.

La referencia a la preparación profesional nos conduce a reflexionar en otro de los grandes desafíos que el fin de siglo plantea a la abogacía: la educación.

La educación y la preparación son, en efecto, dos pilares sin los cuales no puede concebirse al abogado.

Dentro del marco formativo que establece la abogacía, la educación no sólo implica la capacitación técnica en los distintos campos del saber y hacer jurídicos. La educación del abogado comprende de manera esencial, la comprensión y aplicación estimativa de los grandes principios del derecho y de la deontología jurídica.

Esa formación deberá ser aplicada por el abogado mediante la práctica idónea, consistente en la preparación que como profesionista tenga bajo la guía y orientación de abogados con experiencia calificada.

Este tema nos lleva a hacer una alusión a la educación superior. Es imprescindible que los centros de educación superior, las universidades, las asociaciones gremiales, y el propio aparato gubernamental, estén plenamente concientes de la importancia y trascendencia sociales que reviste la educación y preparación de los abogados, sobre todo ante el reto que envuelven los estudios de derecho en las universidades de todo el mundo que reportan el mismo fenómeno: un aumento desproporcionado de la matrícula.

Tampoco puede olvidarse la necesaria interacción que debe existir entre las instituciones universitarias, los cuerpos gremiales y los órganos del Estado que tienen competencia educativa en materia de regulación profesional.

Los currícula universitarios son otros de los desafíos futuros. Por lo que ve a los centros universitarios, es urgente un replanteamiento de los currícula de estudios. La dinámica expansiva de la globalización económico-política y de la internacionalización jurídica, hacen que se imponga la necesidad de formar a los futuros abogados no sólo en las instituciones y categorías jurídicas del derecho nacional, sino expandir su horizonte profesional e intelectual y ponerlos en contacto con otros sistemas y ordenamientos jurídicos. Además, resulta de gran importancia que esos conocimientos se hagan extensivos a quienes ya se encuentran acreditados como abogados y ejercen la profesión. Es evidente que no todos los operadores jurídicos harán uso, en su entorno profesional, de dichos aspectos de carácter comparativo, pero fomentarán más allá del simple pragmatismo, la concientización de los abogados respecto del fenómeno que ya desde el principio apuntábamos, la progresiva internacionalización del derecho y de la justicia.

Todos estos desafíos, y otros que seguramente se irán acumulando, nos llevan a concluir que el papel del ejercicio profesional independiente, individual, tenderá a disminuir, obligando a la colegiación. El papel de los colegios profesionales que agrupan a los abogados es otro reto de gran trascendencia. Al regular la vida profesional, los gremios no solamente aseguran la más alta calidad y eficiente desempeño en la prestación de los servicios por parte de sus colegiados a la sociedad, sino también constituye la obligada referencia en la articulación y vertebración de los abogados en su conjunto, así como el canal a través del cual la profesión jurídica participa en la configuración comunitaria. En este contexto, y dadas las importantes funciones que en el plano profesional social desarrollan las asociaciones y gremios de abogados, considero pertinente señalar la conveniencia de que muchos cuerpos colegiados reflexionen sobre las perspectivas que el inicio del siglo plantea respecto de su incidencia en el modelamiento de las comunidades, al seno de las cuales desarrollan sus actividades.

De manera concreta, en México se precisa de una más intensa participación de los colegios y asociaciones de abogados.

Incorporado nuestro país a la dinámica de una integración económica cada vez más amplia y profunda con distintas bases y bloques supranacionales, pongamos por caso el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por el que a partir de noviembre de 1994 se da la posibilidad de participación de los abogados provenientes de las tres naciones signantes, la movilidad territorial de los profesionistas jurídicos extranjeros y nacionales hace necesario que se cuente con relaciones jurídicas equitativas, adecuadas a la realidad de la práctica jurídica profesional mexicana, a fin de que el acceso de operadores jurídicos extranjeros sea conforme a reglas claramente establecidas, que no tiendan a la discriminación de los abogados mexicanos. Los colegios y asociaciones profesionales deben influir en la modificación de las normas que regulan la práctica profesional en este aspecto, y reforzar sus propios estatutos, de manera que la convivencia con abogados extranjeros en el ámbito nacional, interacción cada vez más presente y en aumento, no sea traumática y se desarrolle en términos de igualdad y coperación.

El abogado y su
papel comunitario

Si entendemos la comunidad internacional en una dimensión integradora y no como una mera unidad económica, el abogado está llamado a desempeñar, en los diferentes ámbitos de la profesión, una labor fundamental en la estructuración del cuerpo social.

El profesional del derecho, al desplegar sus actividades de asesoría, consulta y representación jurídicas, contribuye a la realización de los valores que hacen de la interrelación social una verdadera comunidad y no una simple suma desordenada e incoherente de individualidades. Ya sea mediante el prudente y pertinente uso de los dispositivos legales, así como de la crítica severa y fundamentada de la norma jurídica positiva, la abogacía contribuye a la concreción del estado de derecho.

Recordemos también que la función del abogado no se limita a la activación de los mecanismos normativos que, permitiendo a las personas el acceso a la jurisdicción, actualizan los postulados de la tranquilidad, la paz y la armonía sociales que son objetivo de todo orden jurídico, sino que además debe poner en juego sus capacidades y habilidades profesionales, de manera que el Estado no sea únicamente una realidad social regulada por leyes, sino una comunidad en la que prevalezca el equilibrio entre los intereses individuales y las aspiraciones colectivas, entre las necesidades presentes, que requieren ser satisfechas oportuna y diligentemente, y las perspectivas futuras, a través del perfeccionamiento y actualización de los derechos sociales.

Tal equilibrio entre aspectos contrarios y en constante tensión, no es fácil de alcanzar ni tampoco de mantener. Sin embargo, constituye el anhelo de los seres humanos que en época de transición secular, generadora de crisis, no se puede postergar más: la sociedad requiere un estado que, fundado en la norma jurídica, sea capaz de resolver los problemas con alto grado de sensibilidad social, permitiendo la participación de sus habitantes en igualdad y equidad.

Si bien la construcción diaria de un estado democrático de derecho es responsabilidad y deber de todos, la abogacía tiene incidencia directa e inmediata en esa relevante labor.

No es posible concebir la comunidad sin una determinada escala en la que se privilegien aquellos valores esenciales para el desarrollo del hombre en su doble dimensión: como individuo y como colectividad.

En este contexto estimativo, el abogado debe fungir como un verdadero catalizador de la conciencia comunitaria, actualizando mediante sus actividades la serie de valores que modelan tanto al ser individual como al común. A tales efectos, el derecho es un medio idóneo por su naturaleza instrumental, que exige del abogado la búsqueda no solamente de la verdad legal, sino de la verdad justa que cambia la milenaria sentencia latina de "dar a cada quien lo que le corresponde", por la de dar a cada quien lo que necesita.

En suma, el papel del abogado es indispensable en la construcción de todas y cada una de las comunidades, bajo el principio de la interacción individuo-
colectividad. La diaria actualización del estado social y democrático de derecho es impensable sin la concurrencia de las profesiones jurídicas y, de manera destacada, de la abogacía, a cuyo cuidado está la formación, preservación y promoción de la concientización comunitaria a favor de la justicia.

De ahí que puede hablarse de la comunidad internacional como una necesidad y como una posibilidad, pero no es un reto sencillo. Las desigualdades sociales, económicas y culturales dificultan alcanzar los altos fines de la justicia internacional. (El actual caso Pinochet, Kosovo y el rechazo de Perú a seguir perteneciendo a un organismo internacional protector de los derechos humanos, así nos lo señalan). En el presente y en el futuro buscamos una comunidad internacional en la que el derecho sea instrumento de realización de valores comunes y universales en todos los ámbitos geográficos y en donde los abogados están llamados a contribuir a través de un diálogo permanente, interactivo e interprofesional, partiendo del orden jurídico, para que se extienda a los demás saberes y quehaceres humanos que permiten vertebrar dicha conciencia comunitaria.

En este contexto, puede comprenderse entonces que la abogacía sea factor esencial de cambio e integración social.

La abogacía como factor
de cambio e integración social

Vivimos el privilegio de pertenecer a una época en la que los cambios de todo tipo y orden se suceden a un ritmo verdaderamente impresionante, vertiginoso.

Como indicaba en mis párrafos iniciales, el siglo que está por concluir resulta paradójico, pues como nunca antes en la historia, el hombre ha sido capaz de modificar prácticamente todo su entorno a través de la ciencia y la tecnología, desgraciadamente no siempre para bien. Sin embargo, dado el carácter antagónico de nuestra sociedad, el desarrollo de las fuerzas productivas se trasforma necesariamente en el principal instrumento de dominación, generando las formas más brutales de opresión económica y política de la miseria extrema y de los ataques bélicos dirigidos por las grandes potencias en contra de las naciones más débiles.

El avance y mal uso de los conocimientos por parte de los seres humanos, principalmente de aquellos que se encuentran en las altas posiciones en donde pueden adoptar decisiones con repercusiones políticas, sociales y económicas, hace que la dinámica expansiva constituya un grave riesgo sin precedentes para los objetivos de paz, seguridad y tranquilidad social.

La amenaza del uso de la violencia militarizada está constantemente presente en las relaciones interestatales que asegura la desigualdad en la distribución de la riqueza mundial. Es una realidad incuestionable. La irrestricta actividad de las grandes corporaciones internacionales, el desmantelamiento progresivo y creciente de las prestaciones sociales, incluso en aquellas sociedades más desarrolladas y con mayor sensibilidad social, son sólo algunos ejemplos de la desintegración potencial que pueden sufrir, o que incluso están ya padeciendo, las sociedades de fin de siglo.

Todo esto sin duda representa el surgimiento de nuevas estructuras de poder económico-social que no cuentan con un marco normativo que regule sus actividades o las restrinja, pues hasta ahora se ubican fuera del alcance de los medios y de los mecanismos tradicionales de control. Para el derecho no puede existir mayor reto en el próximo siglo que el aumento de su papel frente a las nuevas formas del ejercicio del poder mundial.

Lo verdaderamente alarmante es que el derecho y su más genuina expresión, la norma jurídica, puede ser no sólo incapaz de ofrecer alternativas de solución a la problemática causada por la serie de fenómenos sociales, económicos y políticos de un mundo en constante cambio, sino inclusive potencialmente capaz de obstaculizar la integración social, preservando el statu quo y asentando la incertidumbre e inseguridad colectivas.

Sin estas reflexiones, nuestra conmemoración de hoy se inscribiría en los rituales que están amenazados por una realidad y un futuro inciertos.

El temor ante la desintegración social propiciada por la irresponsabilidad y el abuso de poder de las potencias hegemónicas, puede y debe ser revertido por la intervención de aquellos grupos sociales como el nuestro, cuya naturaleza orgánica y actividades contribuyan a la realización de valores comunitarios.

Puede afirmarse con certeza que la abogacía cuenta con los instrumentos para poder constituirse en factor esencial de cambio y de integración social.

Desde el enfoque comunitario, el cambio implica la adaptación a las necesidades que plantea una sociedad en constante evolución y desarrollo. La abogacía debe ser capaz de prever la dinámica evolutiva e incidir en las modificaciones normativas necesarias, a fin de que el derecho y la ley se trasformen en instrumentos para la edificación de una sociedad más humanista.

Para finalizar, digamos también que por lo que ve a la necesidad de integración social, la actividad profesional del abogado se constituye en verdadera piedra angular, al servir a las aspiraciones comunes de realización plena de valores anhelados por todos los hombres, la justicia, la libertad y la igualdad. En este caso, tanto el derecho como la ley se mantienen como los instrumentos útiles para que los operadores jurídicos y fundamentalmente los abogados, contribuyan a la configuración de estructuras comunitarias más justas, más libres e iguales: estructuras en las que los seres humanos interactúen sin el temor ni la incertidumbre del mañana.

Ante este fin de siglo, las sociedades requieren de un marco normativo en el que, sin disminuir el conjunto de prerrogativas individuales, los intereses comunitarios sean plenamente satisfechos. Ninguna actividad profesional como la desplegada todos los días por el abogado se presta más al constante y continuo rediseño y redimensionamiento de ese marco indispensable sin el que la convivencia armónica de la humanidad es materialmente imposible.

La actividad crítica frente al funcionamiento de la norma y los mecanismos de acceso a la jurisdicción, así como respecto a la tarea legislativa, devienen en requisito indispensable para la abogacía.

Al asumir este tipo de posturas se asegura la adaptación del derecho y de la ley a las necesidades sociales, y a la configuración de un marco normativo acorde a los principios y valores que la propia sociedad determina en aras de la consecución de su bienestar, valores que van más allá del mercado dominante.

Resulta entonces evidente que la abogacía está llamada a cumplir un variado conjunto de funciones que hagan del horizonte finisecular un resplandeciente motivo de esperanza y confianza en una transición que, sin estar exenta de desafíos, se resienta menos traumática para la comunidad internacional en lo general y para cada una de las sociedades en lo particular.

Pero tampoco puede soslayarse la necesidad de que tales perspectivas impliquen un serio compromiso por parte del profesional del derecho.

A fin de cumplir con su vocación, el abogado debe ser conciente de la dimensión y trascendencia de sus responsabilidades sociales, así como de sus obligaciones en la construcción del nuevo mundo. Asimismo, debe resistir las tentaciones de un logro fácil y rápido: sencillez, templanza, prudencia, responsabilidad y moderación, son virtudes esenciales en el ejercicio de la actividad profesional del abogado.

Estamos obligados a tener presente otro aspecto delicado. Quienes hemos sido formados en una tradición jurídica que hoy tiene que actualizarse, esencialmente en el plano operativo, y con el fin de poder dar el salto finisecular e insertarnos en lo que será el prototipo de abogado del próximo siglo, por necesidad tenemos que apoyarnos en el constante estudio y preparación, para contar con la suficiente capacidad de desplegar una actividad profesional e intelectual cabalmente correspondiente a los retos y desafíos que un dinámico mundo en evolución nos plantea, cuidándonos del riesgo de caer en la "practicidad" del derecho, que degrada el conocimiento de la ciencia jurídica, con el peligro de que ignoremos valores jurídicos fundamentales, porque no hay que olvidar que una sociedad sin valores no es nada, por lo que debemos mantener los ojos abiertos y guiados por los postulados de nuestra profesión: la justicia, la libertad y la igualdad.

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