La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tendrá nuevas obligaciones y el mismo presupuesto

Crece monto de sanciones de Condusef en 2009

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tendrá nuevas obligaciones y el mismo presupuesto

NOTIMEX
EL UNIVERSAL
MARTES 23 DE MARZO DE 2010



La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aplicó el año pasado sanciones por 53 millones de pesos a instituciones como BBVA-Bancomer, Banamex, Banorte, Banco Azteca, GE Consumo y MetLife.

En 2008, estas sanciones sumaron 22 millones de pesos, lo cual significa que el año pasado aumentaron 141 por ciento y para este 2010 se espera que se incrementen 15 por ciento, es decir, a poco más de 60 millones de pesos por las nuevas atribuciones de la Condusef.

El director del organismo, Luis Pazos de la Torre, precisó en conferencia de prensa que estas sanciones se aplicaron, principalmente, por el desacato de estas entidades en los procesos de conciliación con clientes.

Expuso que gran parte de las multas aplicadas a los bancos se podrían evitar si éstos contestaran lo que se les pide, por lo que su principal problema es que se han 'burocratizado'.

'Ya se parecen a algunas dependencias del gobierno, en donde no contestan las peticiones y pierden juicios; hay ocasiones que sólo les requerimos información y no la dan, y nosotros no queremos multarlos', manifestó.

El director de Servicios Legales de la Condusef, Luis Alberto Amado Castro, informó al respecto que las multas en 2007 sumaron 36 millones de pesos, un año después bajó el monto y en 2009 subió de nueva cuenta.

El importe promedio de las multas era de 24 mil pesos, y ahora con el incremento a estas sanciones oscilarán de 12 mil a un millón 150 mil pesos, advirtió el funcionario.

Precisó que como parte de las nuevas atribuciones de la Condusef, a partir de octubre espera subir a su página de Internet todas las sanciones, el nombre del infractor, la causa y el monto.

Respecto a estas atribuciones para el organismo, aprobadas por el Congreso, Pazos de la Torre señaló que lo relevante del decreto es que la Comisión pasa de ser un Organo de Orientación y Conciliación a constituirse en un Organo Regulador y Supervisor.

Sin embargo, acotó que las nuevas obligaciones de esta entidad no vinieron acompañas de un aumento en su presupuesto, el cual asciende a 530 millones de pesos.

Explicó que las modificaciones también reconocen necesidades reales de los usuarios, como lo son una mayor educación financiera, una adecuada protección de sus derechos, y más transparencia financiera y acceso a información sobre productos y servicios.

Bajo este contexto, dijo, se proporcionan nuevas atribuciones a la Condusef para que sea el vehículo que complemente dichos requerimientos, convirtiéndola no solo en una entidad supervisora efectiva, sino también responsable de la transparencia y asesor en la educación financiera.

Con el propósito de reducir costos regulatorios innecesarios, la Condusef podrá establecer procedimientos para realizar conciliaciones vía telefónica.

Así como eficientar los requerimientos de información a las instituciones financieras para reducir tiempos en el desahogo de consultas y reclamaciones, en beneficio del usuario.

También se prevé que la inspección para instituciones financieras se pueda realizar a petición de Condusef, pero a través del personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Otro punto es un reglamento de supervisión y otras disposiciones que tienen por objeto facilitar la terminación de operaciones con los bancos, evitar actividades que se aparten de las sanas prácticas financieras en el ofrecimiento de productos.

Además de conocer los costos de los principales productos y servicios que se ofrecen en el mercado, disposiciones que se prevé estén listas a más tardar en mayo próximo.

Sobre las nuevas atribuciones correctivas, el funcionario refirió que están encaminadas a la posibilidad de solicitar mayor información para la debida integración de los expedientes y, con ello, conocer la verdad jurídica de la reclamación o consulta planteada.